La gran mayoría de partidos políticos constituidos dentro
del elenco de nuestro Estado, tanto nacionales como territoriales, tienen en
sus páginas web un apartado dedicado a la transparencia. Y dentro de este, sus
códigos éticos.
Echo de menos, un apartado dentro de sus webs que nos hable
de la RSC directamente como tal. Eso si, publican datos de cómo se financian.
Últimamente la preocupación de estas organizaciones por ser
los más transparentes y éticos, da que pensar ¿Se han tenido que destapar
demasiados casos de corrupción para acogerse a la transparencia y la ética? En
fin, ya me estoy desviando, discúlpenme.
El pasado 18 de octubre de 2018, asistí a las IV jornadas
sobre Responsabilidad Social y Economía
del Bien Común en Entidades Financieras, que organizó la Cátedra Economía
del Bien Común de la Universidad de Valencia[1]
que dirige el Catedrático Joan Ramón Sanchis Palacio. La inauguración de dichas
jornadas (más que interesantes, a la vez que recomendables) fue a cargo de Josep
Ochoa Monzó Director General de
Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno por parte de Generalitat
Valenciana, entre otros.
Fue una lástima que se tuviera que
ausentar por temas de agenda, ya que se perdió una mesa redonda donde, entre
otras organizaciones intervino Audrey Esnault, Coordinadora de la campaña
Banca Armada[2].
Audrey puso en conocimiento de toda la sala un documento realmente interesante
y que al menos yo, no me lo había planteado. Dicho documento indicaba que
Entidades financieras que operan dentro de nuestro País, habían financiado proyectos dirigidos a la
fabricación de armamento durante el año 2016.
La intervención de Audrey, me hizo
pensar ¿Qué criterios seguirán los Ayuntamientos, las CC.AA., el Estado a la
hora de solicitar financiación para acometer cualquier necesidad que tengan en
ese momento? ¿Se regirán tan solo por criterios económicos/financieros o
tendrán en cuenta otros factores que puedan decantar la elección de dicha
financiación?
Sé que existen leyes que
normalizan dichas situaciones. Sé que las elecciones de financiación se rigen
únicamente por temas económicos y financieros. Vamos, la/las Entidades que más
barato dejen los intereses. Excusándose en ese sentido hacía el ahorro que puede
suponer una elección u otra a los ciudadanos.
Mi reflexión va encaminada a que
“ellos” pueden y deben de legislar para que se incluyan más puntos a tener en
cuenta, que no solo el financiero.
Entiendo que la RSC no debe de ser
un link más en una web. Deben de ser valientes y acometer reformas que vayan en
la dirección de generar un Estado del Bienestar pleno.
